Después de años de retraso y varios meses de polémicas parlamentarias, fruto de la obligación de transponer a toda prisa al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2018 bajo la amenaza de Bruselas de multarnos porque el plazo vencía en septiembre de 2020, el Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual no era perfecto pero no pintaba del todo mal.
Sin embargo, la semana pasada el proyecto quedó dinamitado mediante una enmienda técnica introducida por el PSOE a última hora que modificaba la redacción de la definición de productor independiente, incluyendo en ella a quienes, por naturaleza, no lo son: las productoras vinculadas a las cadenas de televisión, telecos y plataformas.
Tras una intensa semana en la que todas las productoras independientes del país (representadas por PAP – Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes y PATE Productores audiovisuales) han alzado la voz para denunciar las graves consecuencias que va a provocar en nuestra industria esta definición de productor independiente, el pasado jueves finalmente se aprobó en el Congreso de los Diputados con el voto a favor del Partido Socialista junto a PNV, Nueva Canarias y Coalición Canaria, y la abstención cómplice del Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos.
Los votos en contra de Navarra Suma, CUP, Bildu, ERC, BNG, Compromís, Junts per Cataluña, PDeCAT y VOX no fueron suficientes para evitar que el texto superara el tramite más importante sin modificar la redacción del artículo 110 antes de ser remitida al Senado para continuar con su trámite parlamentario.
Todavía queda la votación en la Cámara Baja a las posibles enmiendas pero no parece probable que vaya a ser ahí donde se de marcha atrás al proyecto de Ley ni a la redacción del controversial artículo que permite que las televisiones o cualquier otro operador pueda producir contenidos a través de empresas subsidiarias que contabilicen como cumplimiento de la obligación de invertir en obra europea a través de productores independientes cuando levante un proyecto para otra cadena o plataforma.
Las cadenas y telecos (y con la aprobación del nuevo texto también las plataformas) están obligadas a invertir el 5% de sus ingresos en financiar obras audiovisuales europeas a través de productores independientes. Una obligación (bastante más baja que en nuestros países vecinos) que busca equilibrar el mercado para que no quede concentrado en un puñado de grandes corporaciones en su mayoría de capital extranjero.
Una obligación legal que se supone que busca proteger la diversidad cultural, garantizar la renovación generacional del talento técnico y creativo y promover la existencia de un tejido empresarial independiente y plural pero que con el cambio introducido por el PSOE queda totalmente desvirtuada y vacía de contenido fomentando una concentración inmediata del sector entre el duopolio televisivo actual (Atresmedia – Mediaset) y las grandes plataformas internacionales de streaming (Netflix, Amazon, HBO, etc) y facilitando una competencia desleal e injusta por parte de los grandes players del sector frente a los productores independientes.
¿Pero de que sirve una obligación que intente equilibrar el mercado si, dicha obligación, queda vacía de contenido con una definición dónde los propios obligados pueden cumplir la obligación consigo mismos?
La enmienda mediante la cual se ha reformulado la definición de «productor independiente» que incluirá finalmente la nueva norma pone en grave riesgo a nuestra industria ya que dinamita el ecosistema productivo al reconocer como tal a las empresas subsidiaras de las grandes cadenas de televisión, telecos y plataformas siempre que presten servicios de forma cruzada con otros prestadores del servicio de comunicación audiovisual.
Hace unos días, en rueda de prensa, los representantes de todas las Asociaciones y Federaciones de Productores Independientes de España utilizaron una metáfora que ejemplifica bien las consecuencias:
«El ecosistema audiovisual, tiene que ser diverso. Si a un bosque que tiene diversidad de especies y, en consecuencia, diversidad de seres vivientes que se desarrollan alrededor de esas especies árboles, se lo tala y se le dejan sólo los pinos (por ejemplo), se mataría todo el ecosistema y terminarían muriendo también los pinos, desapareciendo, a la larga, el bosque. Los productores independientes somos esas otras especias alrededor de los cuales se genera un ecosistema diverso, si nos “talan” y dejan sólo prestadores de servicios, a la larga se está matando la biodiversidad del audiovisual.»
Según sus estimaciones, con la nueva redacción de la definición se pone en riesgo más de 25.000 empleos, de los que se pueden perder más de 17.000 y precarizar los 7.000 restantes, además de dejar indefensos al talento y a los creadores. Frente a las «apuestas seguras» de las grandes corporaciones, son los productores independientes quienes realmente apuestan por los nuevos talentos (técnicos y creativos) y por los proyectos más arriesgados.
Dos casos recientes ejemplifican de forma muy clara esto:
Por un lado, «El Hoyo» que una vez hecha y tras ganar en el Festival de Toronto la compró Netflix y se situó en la película más vista de la plataforma a nivel mundial durante semanas pero quién realmente apostó por un director novel y un reparto desconocido fue la producción independiente que apostó inicialmente por el proyecto.
Por otro lado, «Alcarrás». Una producción independiente que se ha hecho con el Oso de Oro en Berlín con un drama rural ambientado en un pequeño pueblo de Lérida, rodado en catalán, que tuvo que posponer todo un año el rodaje debido a la Covid.
«Sobre el papel, un auténtico desastre financiero. Pues bien, unos productores independientes creyeron en el proyecto apostaron por él, porque estaban convencidos que era una historia que merecía ser contada. Una apuesta clara por el talento nuevo y femenino. Un proyecto que en manos de unos directivos de cualquier empresa de televisión privada o plataforma no hubiese visto nunca la luz.»
Se suponía que esta nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, surgida de la obligación de realizar la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva Europea de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2018, serviría para actualizar la legislación local a la nueva realidad del mercado tras la aparición de las plataformas, protegiendo al productor independiente.
Sin embargo, los productores independientes considera que la nueva ley que está a punto de aprobarse en España en lugar de acercarnos a nuestros vecinos europeos, nos aleja. «Reiteramos la preocupación del sector por un proyecto de ley que nos aleja del espíritu y visión europea y que pone en riesgo la pieza clave que garantiza la diversidad cultural. (…) En Europa llevan muchos años teniendo claro que sólo los productores independientes pueden garantizan historias que reflejen nuestra riqueza patrimonial y nuestra riqueza de pensamiento, historias que respondan a algo más que al mercantilismo. (…) La producción independiente es el único garante de esta diversidad cultural.»
¿Y ahora que? Pues que al igual que ya han hecho en el pasado, seguro que los productores independientes españoles demostrarán una vez más su capacidad de resiliencia y aprenderán a sobrevivir en este nuevo ecosistema que el Gobierno ha decidido imponer a golpe de Ley reventando el tejido industrial del sector para favorecer a unos pocos vaya usted a saber motivado por qué. Tiempo al tiempo. Pero definitivamente se vienen curvas.
