4 puntos claves de la futura Ley de Comunicación Audiovisual que no gustan nada a los productores independientes

Con motivo de la actual tramitación del Anteproyecto de Ley de Comunicación Audiovisual, presentada esta semana en el Consejo de Ministros, las productoras independientes agrupadas en PAP (la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes) han difundido un comunicado desde el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el que transmiten su profunda preocupación.

Según los productores independientes representados por la nueva asociación de asociaciones que agrupa a AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM (o lo que es lo mismo el 90% de la producción audiovisual independiente del país), el actual Anteproyecto de Ley incorpora cuatro importantes aspectos negativos que, desde su punto de vista, pueden afectar gravemente al futuro del sector audiovisual en España de no ser corregidos antes de la promulgación definitiva de la futura ley.

¿Qué es lo que más les preocupa a los productores independientes?

1. DEFINICIÓN PRODUCTORA INDEPENDIENTE

Según el comunicado de la PAP, un país que no protege y apuesta por sus pymes «nos llevará a la extinción del sector audiovisual propio con todas sus consecuencias: patrimonio industrial, patrimonio cultural y patrimonio intelectual».

Por eso, defienden la ineludible necesidad de que se establezca una definición clara y real de lo que es una productora independiente (pymes del audiovisual), «algo que el proyecto actual no hace en absoluto».

Consideran que un productor «que tiene una dependencia notoria y a veces incluso societaria de una gran compañía de televisión, puede ser de gran valor para el sector y ofrecer trabajos audiovisuales excelentes. Pero no se puede afirmar que sea una productora independiente».

En este sentido consideran que la nueva Ley debería, por tanto, dejar la definición de productor independiente más clara. Mucho más de lo que está ahora. Del mismo modo piensan que «no puede considerarse una productora independiente europea a aquella que tiene un alto porcentaje de capital extracomunitario».

Recordando al espíritu de la Ley y el de la Directiva 2018/1080 de la Unión Europea que se traspone, tanto en lo referente a la transparencia en cuanto a la “estructura de propiedad de los prestadores de servicios de comunicación” como en la apuesta por la “promoción de obras audiovisuales europeas”, los productores independientes echan de menos un compromiso más claro y menos genérico de la nueva Ley en estos temas.

2. DEFENSA DEL PATRIMONIO Y DIVERSIDAD CULTURAL

Por otro lado, desde PAP entienden que sus peticiones responden «a la necesaria protección de la industria audiovisual independiente como mejor garante de la difusión y protección del imaginario cultural de todo el conjunto del Estado Español».

Considerando que las productoras independientes no sólo tienen su patrimonio empresarial en España sino que son un sector que genera patrimonio cultural, propiedad industrial y propiedad intelectual apostando por el nuevo talento nacional y la renovación creativa y generacional. «Y todo ello lo hacemos también en las diversas lenguas de nuestro país que, como debería ser lógico, tienen que estar convenientemente protegidas en el contenido de la nueva Ley.»

3. OBLIGACIÓN DE INVERSIÓN

En su comunicado la PAP también mantiene la petición de establecer unas excepciones de obligación de inversión para importes de facturación mucho más reducidos, similares a los que propone la Comunidad Europea y que, tratándose de una obligación muy por debajo de lo que piden otros países europeos, sea íntegramente para producción independiente.

Señalan que «la diversidad cultural debe protegerse para que sea realmente efectiva y así como solicitamos un porcentaje para les lenguas cooficiales distintas del castellano y que se protejan los distintos géneros audiovisuales.»

4. FINANCIACIÓN DE LAS TV PÚBLICAS

Por último, aunque no descartan la financiación de RTVE, les parece injustificable que las demás TV públicas no perciban ninguna ayuda. Aseguran que los ingresos por publicidad han afectado a todas las cadenas y como públicas tienen que defender unos intereses sociales que difícilmente podrán realizar sin ayuda económica.

Los productors independientes representados por PAP terminan su comunicado solicitando ser escuchados a lo largo de los trámites que aún le quedan al Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual asegurando que su objetivo no es otro que el garantizar un marco legal y justo para un sector empresarial valioso en sí mismo que proteja a los profesionales de la cultura audiovisual ofreciéndoles oportunidades: «Que contemos con una norma que sea consciente del valor del tejido audiovisual español, que no esté en manos de decisiones empresariales tomadas fuera de nuestras fronteras y de las de la Unión Europea.»