A diferencia de lo que ocurre con otras ayudas con las que se apoya desde la Administración Pública al resto de sectores industriales (no conozco ninguno que no reciba algún tipo de ayuda) las subvenciones a la industria cinematográfica – ya sea en forma de ayudas directas o a través de otros mecanismos como los incentivos fiscales – a menudo son puestas en entredicho por un sector de la sociedad que se niega a reconocer que la actividad cinematográfica conforma un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra economía que hay que proteger.
Por eso se ayuda al cine y así lo reconoce el primer párrafo de la Ley del Cine, «su contribución al avance tecnológico, al desarrollo económico y a la creación de empleo, junto a su aportación al mantenimiento de la diversidad cultural, son elementos suficientes para que el Estado establezca las medidas necesarias para su fomento y promoción, y determine los sistemas más convenientes para la conservación del patrimonio cinematográfico y su difusión dentro y fuera de nuestras fronteras.»
La Ley hace hincapié en «el carácter industrial de la actividad cinematográfica y audiovisual y del conjunto de la acción de sus agentes de producción, distribución y exhibición» y justifica la existencia de las diferentes medidas de fomento «con el objetivo de mejorar el tejido industrial de las empresas que operan en el sector, posibilitando su fortalecimiento y facilitando el desarrollo de su actividad en un mercado abierto y competitivo.
Unas ayudas que tienen como finalidad «la consolidación y robustecimiento de la estructura empresarial, la financiación y amortización de los costes de las inversiones necesarias para el afianzamiento de un nivel continuado de producción de obras de contenidos diversos y con una calidad suficiente para garantizar su rentabilidad y sus posibilidades de acceso al público».
O dicho de otro modo, al subvencionar el cine se busca (además de reforzar nuestra identidad cultural) fortalecer nuestra economía a través de la mejora del tejido industrial de un sector estratégico porque ayudando a producir contenidos competitivos y de calidad de forma continuada se genera más riqueza para el país y más empleo.
Exactamente los mismos motivos por los que se ayuda a otros sectores como la agricultura o la automoción sin que nadie se rasgue las vestiduras.
En todos los países desarrollados el cine recibe apoyo público. De los países de nuestro entorno, destaca el caso paradigmático de Francia que en 2022 destinará 135,6 millones a ayudas directas a la producción cinematográfica frente a los 76 millones que destinará este año el Ministerio de Cultura español a través de las Ayudas Generales (56m€) y Selectivas (20m€). Pero en Hollywood tambien pasa. La mayoría de las superproducciones están subvencionadas por ejemplo través de los incentivos fiscales que ofrecen los diferentes Estados para atraer rodajes. Solo el Estado de California destina 330 millones de dólares al año a impulsar su economía a través de incentivos fiscales al cine.
Los datos demuestran que es una jugada interesante para las arcas públicas.
En el caso de California las producciones que se acogieron al Programa 2.0 (activo entre 2015 y 2020), se beneficiaron en total de una rebaja de impuestos de 915 millones de dólares lo que a su vez incentivó la economía generando 110.000 empleos, 7.700 millones de dólares en salarios, un PIB de 21,9 mil millones de dólares y una recaudación de impuestos de 961.5 millones.
Es decir, cada dólar de crédito fiscal aprobado bajo el programa Film and Tax Credit 2.0 de California retornó 1.07 dólar en impuestos y generó 16.14 dólares de PIB y 8.60 dólares en salarios.