La futura Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual ha afrontado esta semana uno de los momentos más importantes de su tramitación parlamentaria con el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por Partido Popular y Vox, un paso que marcará el futuro de una norma llamada a actualizar el marco regulatorio del sector audiovisual español.
El proyecto llega al Congreso tras varios años de retrasos y después de una larga negociación con los diferentes agentes de la industria. El objetivo del Gobierno es sustituir la actual Ley del Cine de 2007 para adaptarla a los profundos cambios experimentados por el sector durante las dos últimas décadas, desde la consolidación de las plataformas de streaming hasta la internacionalización de la producción audiovisual española.
Durante el debate parlamentario, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, defendió que España necesita una legislación «a la altura» del momento que vive su industria audiovisual y recordó que el propio Partido Popular reconoce en su enmienda que la normativa vigente ha quedado desfasada. Según el ministro, la nueva ley pretende ofrecer un marco adaptado a las nuevas formas de producción, distribución y consumo audiovisual.
Por su parte, el Partido Popular mantuvo su rechazo al proyecto, al considerar que el texto no responde a las necesidades reales del sector y que su elaboración ha generado un amplio descontento entre los profesionales. Vox también presentó una enmienda a la totalidad, cuestionando el planteamiento general de la iniciativa legislativa.
Una ley esperada por la industria
La reforma de la Ley del Cine constituye una de las principales reivindicaciones del sector audiovisual español desde hace años.
La norma actualmente en vigor fue aprobada en 2007, en un contexto muy diferente al actual. Desde entonces, el mercado ha experimentado profundas transformaciones derivadas de la irrupción de las plataformas digitales, la consolidación de las coproducciones internacionales, el crecimiento de las series y la aparición de nuevos modelos de financiación y explotación de contenidos.
El nuevo texto pretende adaptar el marco legal a esta realidad e incorporar conceptos que hace dos décadas apenas tenían relevancia dentro de la industria audiovisual.
Un debate que va más allá de la política
La discusión sobre la nueva Ley del Cine no se limita al ámbito parlamentario. El propio sector audiovisual ha mantenido posiciones diversas sobre algunos de los aspectos incluidos en el proyecto.
Entre las cuestiones que han generado mayor debate figuran la definición de productor independiente, las medidas de apoyo a la diversidad cultural y lingüística, la adaptación al entorno digital, la protección del patrimonio audiovisual o las políticas públicas de fomento de la producción cinematográfica.
Las distintas asociaciones profesionales han trasladado durante los últimos años numerosas propuestas de mejora, algunas de las cuales se han incorporado al texto y otras continúan siendo objeto de discusión.
Próximos pasos
El debate de las enmiendas a la totalidad constituye únicamente el primer gran trámite parlamentario del proyecto de ley.
En caso de superar esta fase, la iniciativa continuará su recorrido en comisión, donde los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas parciales destinadas a modificar el articulado antes de su regreso al Pleno del Congreso y su posterior tramitación en el Senado.
Para la industria audiovisual, el proceso será seguido con especial atención. Más allá del debate político, la futura Ley del Cine aspira a convertirse en el principal marco regulatorio de un sector que en los últimos años ha incrementado su peso económico e internacional y que afronta el reto de adaptarse a un ecosistema audiovisual en permanente transformación.