¿Qué comunidades autónomas destinan más millones a líneas de ayudas al desarrollo y la producción audiovisual?

Según un estudio de la Federación de Productoras Audiovisuales (PROA), que ha recopilado todas las líneas de subvenciones autonómicas destinadas al sector, las comunidades autónomas destinaron en 2022 un total de 58 millones de euros en 2022 a sus diferentes programas de ayudas al desarrollo y la producción audiovisual.

Unas aportaciones que PROA considera un factor determinante para que las productoras independientes de España puedan competir con otros mercados internacionales y mantener la propiedad intelectual en el país aunque, sin embargo, lamentan la disparidad de criterios que regulan las distintas convocatorias y el proteccionismo territorial que lastra la capacidad de coproducir dentro de España.

El informe arroja además otras conclusiones, como que Cataluña es la región que destina más inversión pública al audiovisual (31,29 millones de euros de ayudas), seguida de la Comunidad Valenciana (7,8 millones de euros) y Galicia (6,19 millones de euros); o que hasta 9 comunidades autónomas incluyen la fase de desarrollo de obras audiovisuales en sus convocatorias (Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Navarra y País Vasco).

En paralelo, el estudio tambien subraya que Cataluña es la región que aporta el importe por proyecto más alto contemplado en una ayuda autonómica, hasta 1,5 millones de euros.

En total, 1785 proyectos se presentaron en 2022 a alguna de las convocatorias a ayudas al desarrollo y la producción audiovisual que ofrecen las comunidades autónomas, de los cuales 561 resultaron beneficiarios. El cortometraje, por cierto, recibe ayudas en todas las comunidades autónomas que aportan ayudas al audiovisual.

Por otro lado, la Federación considera que, si se desatomizan los presupuestos destinados al audiovisual, el ecosistema se verá reforzado para conservar la propiedad intelectual de las obras. “Eso representa un activo valiosísimo para la cultura y la economía del país”, agregan los autores.

Para alcanzar ese objetivo, el estudio propone algunas recomendaciones que impulsarían el desarrollo audiovisual financiado por las comunidades autónomas. Entre ellas destaca la unificación de definiciones en base a las que figuran en la futura Ley del Cine y la Cultura Audiovisual.

Además, proponen flexibilizar los criterios proteccionistas territoriales, de modo que se facilite la cooperación entre industrias locales, la movilidad de talento y la profesionalización de los ecosistemas más frágiles. Una de las piezas clave para fortalecer la industria es, además, la búsqueda de sinergias entre administraciones y televisiones públicas.

El estudio también concluye que las líneas de ayudas deben tener en cuenta las particularidades de cada género audiovisual y apoyar las obras desde las fases iniciales de desarrollo. Para que las convocatorias recojan las necesidades reales de la industria, los autores del informe consideran imprescindible mantener abierto un diálogo permanente con el sector.