¿Tiene sentido obligar a las plataformas a invertir un 8 % en producción local? El caso alemán abre el debate

Alemania ha decidido dar un paso que, hasta hace pocos años, parecía impensable: obligar por ley a que las plataformas de streaming reinviertan al menos el 8 % de los ingresos que generan en el país en producción audiovisual local. La medida, impulsada por el gobierno federal dentro de una reforma más amplia del sistema de financiación del cine, coloca de nuevo sobre la mesa una pregunta incómoda para el ecosistema audiovisual europeo: ¿debe la creación cultural depender de la voluntad de los gigantes tecnológicos o es legítimo exigirles un compromiso industrial real con los territorios donde operan?

El argumento oficial es claro. Berlín considera que el crecimiento del consumo audiovisual bajo demanda no ha ido acompañado de un retorno proporcional para la industria alemana. Las plataformas extraen valor de un mercado de más de 80 millones de habitantes, pero gran parte de sus inversiones se concentran en contenidos globales o en territorios con incentivos fiscales más agresivos. Con esta obligación del 8 %, el Ejecutivo pretende garantizar un flujo estable de recursos hacia productores, técnicos y creadores locales, además de frenar la deslocalización de rodajes y talento.

No se trata solo de una cuestión económica, sino también cultural. El temor a que el catálogo audiovisual europeo termine dominado por narrativas anglosajonas ha empujado a varios países a intervenir. Francia e Italia ya cuentan con sistemas de cuotas e inversión obligatoria más exigentes, y la propia Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual de la UE anima a los Estados a proteger la diversidad cultural. Alemania llega algo más tarde a esta corriente, pero lo hace con una propuesta híbrida: un 8 % obligatorio y la posibilidad de reducir cargas regulatorias a quienes superen voluntariamente el 12 %.

Las plataformas, como era previsible, han reaccionado con cautela. Su principal argumento es que ya están invirtiendo en contenido alemán de forma significativa y que imponer porcentajes fijos puede distorsionar decisiones creativas y de mercado. También advierten de que un exceso de regulación podría terminar repercutiendo en los precios de las suscripciones o en la reducción de catálogos. Detrás de estas objeciones hay, sin embargo, una cuestión de fondo: la dificultad de aceptar que el audiovisual ya no es solo un negocio global, sino también un sector estratégico para las políticas públicas nacionales.

Para los productores independientes, la medida abre un escenario de oportunidades pero también de interrogantes. Un porcentaje garantizado no asegura, por sí solo, mejores condiciones contractuales ni mayor control sobre los derechos. La experiencia en otros países demuestra que la clave no está únicamente en cuánto se invierte, sino en cómo se invierte: qué tipo de proyectos se priorizan, qué peso real tienen los productores locales en la propiedad intelectual y si se favorece una industria sostenible o simples encargos de servicio.

El gobierno alemán ha acompañado esta obligación con un aumento de la financiación pública hasta los 250 millones de euros anuales, casi el doble que en ejercicios anteriores. La idea es combinar inversión privada forzada e incentivos públicos para crear un ecosistema competitivo capaz de atraer talento y coproducciones internacionales. El reto será coordinar ambos instrumentos sin generar burocracia excesiva ni solapamientos que desincentiven a los operadores.

Lo interesante del caso alemán es que refleja una tensión que también se vive en España. Aquí, las obligaciones de inversión de las televisiones y las plataformas han demostrado ser un motor relevante para el cine, pero siguen existiendo debates sobre su eficacia real, la concentración de recursos en pocos agentes y la dificultad para que el productor independiente mantenga posiciones de fuerza. La pregunta es inevitable: ¿avanzará España hacia un modelo más cercano al francés o al alemán, o seguirá confiando en acuerdos voluntarios con las grandes plataformas?

Más allá de los porcentajes, el debate de fondo es quién debe financiar el audiovisual europeo en la era del streaming. Si las plataformas se han convertido en los principales exhibidores y beneficiarios del nuevo consumo, parece razonable exigirles una corresponsabilidad industrial. Pero también es cierto que la creatividad no se decreta por ley y que una mala regulación puede generar contenidos obligatorios, pero irrelevantes.

Alemania ha abierto un camino que probablemente seguirán otros países. El 8 % no es solo una cifra: es un mensaje político sobre el papel del Estado frente a los nuevos intermediarios globales. Queda por ver si esa intervención se traducirá en mejores películas y series o si será, simplemente, un nuevo capítulo en la compleja relación entre cultura, mercado y soberanía audiovisual.