Las productoras audiovisuales independientes critican la poca ambición de la nueva Ley del Cine

La Plataforma Audiovisual de Productores Independientes (PAP), que engloba a las entidades AECINE, Diboos, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM, ha dado el grito de alerta por la falta de ambición, estrategia y visión de futuro del anteproyecto de la Ley del Cine y la Cultura Audiovisual en un acto celebrado en el Festival de Málaga

Desde la plataforma, que representa alrededor de 600 productoras audiovisuales independientes (el 90% de las empresas de este tipo en nuestro país) lamentan que el articulado es insuficiente y que pierde la oportunidad de adelantarse a las necesidades del sector de la próxima década.

PAP reclama que la definición de “productoras independientes” conste en el artículo de definiciones de la ley considerando que esta modificación resulta indispensable para garantizar que todas las medidas incluidas en el texto contribuyan a proteger al sector, al mismo nivel que el resto de la cadena de valor audiovisual.

Aunque la plataforma valora positivamente que el anteproyecto de ley pretenda dar cobertura al audiovisual más allá de las obras cinematográficas, lamenta que a la hora de la verdad esta apertura de la normativa a formatos y géneros diversos no va acompañada de una dotación presupuestaria específica y garantizada. En este sentido, reconoce que el articulado “ha despertado las incógnitas y preocupaciones del sector”.

Por eso PAP. solicita que la ley blinde la dotación económica para la producción audiovisual en general y la cinematográfica en particular. Pide que la norma refleje de manera genérica qué parte de los presupuestos generales se destinarán a la promoción de esta actividad, y que al mismo tiempo especifique que se realizará una revisión anual para cubrir las necesidades del sector.

Para dotar de un mayor contenido al concepto “productora independiente”, reclama que el 100% de las ayudas públicas recogidas en la ley estén destinadas a las productoras independientes. Esta medida permitiría favorecer y proteger este tipo de empresas con ayudas directas, en aras de la competitividad del sector y la salvaguarda de la diversidad y el patrimonio cultural, tal y como viene en la exposición de motivos del propio anteproyecto de ley.

Otro ámbito con margen de mejora es el de los incentivos fiscales. Las productoras independientes exigen mejorar el sistema de las agrupaciones de interés económico (AIE) a la hora de acceder a estos beneficios. Por lo tanto, consideran que en el anteproyecto de ley debería contemplarse, en coordinación con Hacienda, sistemas de incentivos fiscales más eficaces. Adicionalmente, desde la plataforma se ve como necesario el desarrollo de un reglamento de incentivos fiscales.

Por otro lado, PAP juzga como insuficiente la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y de la Cultura Audiovisual que contempla el anteproyecto de ley. Aunque este ente abriría las puertas a la participación del sector en todo lo que afecta al audiovisual, se quedaría corto en otro objetivo que las productoras independientes consideran clave: la financiación procedente de fondos distintos a los presupuestos generales del Estado. Por eso, urgen a crear una agencia público-privada del sector audiovisual, que sí cumpliría ambos propósitos.

El anteproyecto de ley, que busca actualizar la normativa de 2007 adaptándola a las nuevas modalidades de distribución de los contenidos audiovisuales, se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero y se encuentra en trámite de audiencia e información pública. Junto con la Ley General de Comunicación Audiovisual, la normativa nace para articular el Spain Audiovisual Hub aprobado dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno.