Según los datos presentados por PROFILM (la Asociación de Empresas de Producción Audiovisual Internacional), durante 2019 las producciones extranjeras han mantenido sus cifras de inversión en rodajes y postproducciones en España (132.177.576), superando en sólo un millón de euros las del año anterior.
Una cifra que según la asociación confirma que el techo de inversión extranjera en España se encuentra en torno a los 130 millones de euros, ya que, a excepción del retroceso sufrido en 2017, el máximo importe invertido fueron 133 millones desde que existen políticas de atracción de este tipo de inversiones.
Desde PROFILM aseguran que la diferencia con respecto a sus competidores en otros países europeos radica en los incentivos fiscales, ya que mientras en algunos países el incentivo alcanza al menos un 25 por ciento de la inversión y el límite de devolución es «mucho más elevado» o en algunos países directamente «no existe», en España el incentivo para rodajes internacionales tan sólo devuelve el 20% de la inversión realizada y con límite de 3 millones de euros (mejorado en Canarias hasta el 40% y un límite de 5,4 millones) lo que termina provocando que tan solo se rueden en nuestro país algunas escenas hasta alcanzar una inversión local de 15 millones de euros (que aplicando el 20% supone alcanzar el limite de deducción de 3 millones) o su equivalente en Canarias.
Esta diferencia en las politicas fiscales explica la diferencia entre España y los 3,5 mil millones de euros que reciben los Británicos, pero también de los 277 millones de euros de Hungría que cuenta con un incentivo del 30% y un límite de devolución de 115 millones de dólares.
Ante estos datos, PROFILM propone incrementar los incentivos fiscales y su límite de devolución en los próximos Presupuestos Generales del Estado y demanda un compromiso por parte de los poderes públicos, para emprender una reforma íntegra del audiovisual creando un marco de comunicación y colaboración entre los distintos departamentos ministeriales que afectan a esta industria, «para evitar contradicciones y criterios divergentes que ocasionan daños reputacionales y de marca país, difíciles de reparar».