El informe sobre el cumplimiento en 2019 de la obligación de financiar obra audiovisual europea por parte de los 21 prestadores obligados (las televisiones, los servicios bajo demanda establecidos en España y los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas que ofrecen televisión) publicado esta semana por la CNMC pone de manifiesto dos malas noticias.

Por un lado, que los prestadores españoles obligados invirtieron a lo largo de 2019 un total de 360 millones de euros en obra audiovisual europea, lo que supone una disminución del 7,6% con respecto al ejercicio anterior.

Y por otro lado, que el porcentaje de inversión en series en español (o en alguna de las demás lenguas oficiales del estado) descendió por primera vez en los últimos años.

En concreto el descenso fue del 13%, pasando de 253,34 millones de euros en 2018 a casi 237 millones de euros en 2019, rompiéndose la tendencia creciente registrada en este segmento de inversión desde 2015. En cambio, en el caso de inversión en cine, en el ejercicio 2019 se registró un cambio de tendencia y se aumentó la inversión.

¿En qué tipo de contenidos invierten?

Según el informe, en conjunto, la proporción de inversiones en series, tanto en lenguas oficiales en España como en lenguas europeas no españolas, implica casi el 75% del conjunto de la inversión total en el ejercicio 2019 declarada por estos prestadores, disminuyendo su peso con respecto al ejercicio anterior (78,3%).

Si nos fijamos en los datos por prestador, esta inversión en series representa, por ejemplo, un 77,9% sobre el total de la inversión declarada por RTVE, 90,3% sobre el total de la inversión de Telefónica y un 69,8% del total de la inversión de Atresmedia.

En el caso de Mediaset, en este ejercicio, prácticamente equilibró el porcentaje que supone la inversión realizada en series en lenguas oficiales de España (43,3%) con el porcentaje dedicado a la inversión en cine español (46,3%).

En cuanto a la inversión en películas cinematográficas, en 2019 fue de 84 millones de euros, un 4,5% más que en 2018. El porcentaje que representa la inversión en cine español con respecto a la inversión total alcanzó casi el 22%.

Además, la inversión en cine en lenguas oficiales en España declarada a los efectos de esta obligación durante el 2019 ascendió a 76,47 millones de euros, un 8,7% más respecto a 2018.

Más del 85% de la obligación de financiación anticipada de obra europea se concentró en cuatro grandes grupos: Atresmedia, CRTVE, Mediaset, y Telefónica.

La CNMC también destaca en su informe que al igual que ocurrió en años anteriores, la inversión en 2019 fue dirigida en su mayoría a obras de ficción, siendo residuales las aportaciones a animación y documentales.

Obligaciones Ley General de la Comunicación Audiovisual

La Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual o a los operadores de telecomunicaciones que también difundan canales de televisión, a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas: películas para el cine y la televisión, series, documentales y películas y series de animación. En el caso de que la empresa sea de titularidad pública, este porcentaje aumenta hasta el 6%.

El 60% de la financiación debe destinarse a la producción de películas de cine y, a su vez, el 60% de dicho porcentaje a obras en alguna de las lenguas cooficiales de España. En el caso de que la empresa sea de titularidad pública, estos porcentajes se sitúan en el 75% y 60% respectivamente.

La CNMC es responsable de controlar el cumplimiento anual de esta obligación para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisiva de ámbito nacional. Los gobiernos de las Comunidades Autónomas efectúan el mismo control para los prestadores de servicio de comunicación audiovisual televisiva que operan en su respectivo ámbito autonómico.

La Asociación de Productores PATE, que agrupa a 40 productoras independientes de televisión y cine de España concentrando un porcentaje mayoritario de la producción televisiva y cinematográfica que se desarrolla en nuestro país, organiza el próximo martes 28 de septiembre, en el marco de Iberseries Platino Industria, un interesante foro de debate bajo el título «El Futuro de la industria audiovisual».

Un coloquio que tendrá lugar de 1pm a 2pm en la Sala Borau de la Cineteca en el que intervendrán Lucía Recalde (Jefa de Unidad de la Industria Audiovisual y de Programa de Apoyo a los Medios en la Unión Europea), Jérôme Dechesne (presidente de la Confederación Europea de Producción Independiente y presidente del Sindicato de Profesionales del Audiovisual de Francia) y Alexandra Lebret (directora general del Club de Productores Europeos).

Moderado por José Nevado (director general de PATE) el foro debatirá temas tan actuales como la necesidad de reforzar a la producción independiente o la urgencia de reformar el marco jurídico que permita a los productores conservar la propiedad intelectual de los contenidos que produzcan independientemente de la venta donde sean explotados.

Informe sobre las oportunidades de los contenidos audiovisuales

Además, el miércoles 29 a las 4pm de nuevo en la Sala Borau del Matadero Madrid tendrá lugar la presentación del «Informe sobre las oportunidades de los contenidos audiovisuales», un trabajo de colaboración entre la Asociación PATE y PWC.

Un estudio que analiza el sector de la producción audiovisual para identificar las oportunidades existentes partiendo de la situación actual, el informe muestra los hábitos de consumo audiovisual, su cuantificación económica en la sociedad y a partir de ahí identifica retos y oportunidades que ofrece este sector a corto y medio plazo en nuestro país.

Con motivo de la actual tramitación del Anteproyecto de Ley de Comunicación Audiovisual, presentada esta semana en el Consejo de Ministros, las productoras independientes agrupadas en PAP (la Plataforma Audiovisual de Productoras Independientes) han difundido un comunicado desde el Festival Internacional de Cine de San Sebastián en el que transmiten su profunda preocupación.

Según los productores independientes representados por la nueva asociación de asociaciones que agrupa a AECINE, DIBOOS, MAPA, PIAF, PROA y PROFILM (o lo que es lo mismo el 90% de la producción audiovisual independiente del país), el actual Anteproyecto de Ley incorpora cuatro importantes aspectos negativos que, desde su punto de vista, pueden afectar gravemente al futuro del sector audiovisual en España de no ser corregidos antes de la promulgación definitiva de la futura ley.

¿Qué es lo que más les preocupa a los productores independientes?

1. DEFINICIÓN PRODUCTORA INDEPENDIENTE

Según el comunicado de la PAP, un país que no protege y apuesta por sus pymes «nos llevará a la extinción del sector audiovisual propio con todas sus consecuencias: patrimonio industrial, patrimonio cultural y patrimonio intelectual».

Por eso, defienden la ineludible necesidad de que se establezca una definición clara y real de lo que es una productora independiente (pymes del audiovisual), «algo que el proyecto actual no hace en absoluto».

Consideran que un productor «que tiene una dependencia notoria y a veces incluso societaria de una gran compañía de televisión, puede ser de gran valor para el sector y ofrecer trabajos audiovisuales excelentes. Pero no se puede afirmar que sea una productora independiente».

En este sentido consideran que la nueva Ley debería, por tanto, dejar la definición de productor independiente más clara. Mucho más de lo que está ahora. Del mismo modo piensan que «no puede considerarse una productora independiente europea a aquella que tiene un alto porcentaje de capital extracomunitario».

Recordando al espíritu de la Ley y el de la Directiva 2018/1080 de la Unión Europea que se traspone, tanto en lo referente a la transparencia en cuanto a la “estructura de propiedad de los prestadores de servicios de comunicación” como en la apuesta por la “promoción de obras audiovisuales europeas”, los productores independientes echan de menos un compromiso más claro y menos genérico de la nueva Ley en estos temas.

2. DEFENSA DEL PATRIMONIO Y DIVERSIDAD CULTURAL

Por otro lado, desde PAP entienden que sus peticiones responden «a la necesaria protección de la industria audiovisual independiente como mejor garante de la difusión y protección del imaginario cultural de todo el conjunto del Estado Español».

Considerando que las productoras independientes no sólo tienen su patrimonio empresarial en España sino que son un sector que genera patrimonio cultural, propiedad industrial y propiedad intelectual apostando por el nuevo talento nacional y la renovación creativa y generacional. «Y todo ello lo hacemos también en las diversas lenguas de nuestro país que, como debería ser lógico, tienen que estar convenientemente protegidas en el contenido de la nueva Ley.»

3. OBLIGACIÓN DE INVERSIÓN

En su comunicado la PAP también mantiene la petición de establecer unas excepciones de obligación de inversión para importes de facturación mucho más reducidos, similares a los que propone la Comunidad Europea y que, tratándose de una obligación muy por debajo de lo que piden otros países europeos, sea íntegramente para producción independiente.

Señalan que «la diversidad cultural debe protegerse para que sea realmente efectiva y así como solicitamos un porcentaje para les lenguas cooficiales distintas del castellano y que se protejan los distintos géneros audiovisuales.»

4. FINANCIACIÓN DE LAS TV PÚBLICAS

Por último, aunque no descartan la financiación de RTVE, les parece injustificable que las demás TV públicas no perciban ninguna ayuda. Aseguran que los ingresos por publicidad han afectado a todas las cadenas y como públicas tienen que defender unos intereses sociales que difícilmente podrán realizar sin ayuda económica.

Los productors independientes representados por PAP terminan su comunicado solicitando ser escuchados a lo largo de los trámites que aún le quedan al Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual asegurando que su objetivo no es otro que el garantizar un marco legal y justo para un sector empresarial valioso en sí mismo que proteja a los profesionales de la cultura audiovisual ofreciéndoles oportunidades: «Que contemos con una norma que sea consciente del valor del tejido audiovisual español, que no esté en manos de decisiones empresariales tomadas fuera de nuestras fronteras y de las de la Unión Europea.»